El Líbero, 18 de agosto 2023
La seguridad es un bien público al que todos debiésemos acceder, sin embargo, algunos se encuentran excluidos. Asunto que debería ser prioritario para un gobierno que ha perdido la confianza de sus ciudadanos.
La delincuencia común es aquella realizada por personas individuales o grupos pequeños dedicados a robos y hurtos entre otras cosas. En Chile, por décadas, este tipo de delitos preocuparon a los ciudadanos, quienes usualmente tomaban mayores precauciones cuando se encontraban en zonas altamente concurridas que pudieran ser escenario óptimo para cualquier carterista. Hoy, a pesar de la baja en los indicadores de victimización la percepción de inseguridad es cada vez más alta, y ¡cómo no! si un simple asalto en el transporte público puede terminar con fatales resultados.
«Común», ese calificativo que tiene que ver con algo frecuente u ordinario, es cada vez menos frecuente y más extraordinario. Todo, gracias al aumento de los niveles de violencia, organización de los grupos que ya no son tan pequeños y enajenación de quienes cometen los delitos. Sin duda los medios de comunicación nos bombardean con información que aumenta el temor, pero ¿cómo no va a ser extraordinario que el robo de un celular en una estación de Metro termine en balacera?
Es una realidad el hecho que la delincuencia en Chile mutó. El mayor acceso a estupefacientes que envalentonan a los delincuentes, la facilidad por adquirir armas y un Estado que ha llegado tarde con sus respuestas son algunos factores que ayudan a subir la sensación de miedo. Las personas contamos con la capacidad de asombro, cualidad que nos permite adaptarnos a un entorno cambiante y que hoy nos lleva a demandar que situaciones como la del Metro o de la víctima en uno de los tantos microbuses de Santiago no vuelvan a repetirse.
El problema se genera cuando estos delitos extraordinarios se convierten en la norma y nos acostumbramos a que la delincuencia común simplemente venga con mayores grados de violencia. En algunas zonas del país los chilenos ya asumen que la delincuencia opera en sus barrios y que muchas veces ha permeado a las instituciones que debieran responder a ella. Acostumbrados a vivir balaceras, robos y enfrentamientos callejeros, han debido cambiar sus hábitos. Modificando horarios de salida y llegada, rutas de desplazamiento y lugares de reunión, se han adecuado a la nueva delincuencia común.
Esto, necesariamente tiene como consecuencia la pérdida de confianza en quienes nos deben entregar seguridad. Han perdido la fe en las intenciones de quienes dicen ponerla primero y han decidido organizarse por su cuenta, debilitando el Contrato Social.
La seguridad es un bien público al que todos debiésemos acceder, sin embargo, algunos se encuentran excluidos. Asunto que debería ser prioritario para un gobierno que ha perdido la confianza de sus ciudadanos. Por supuesto que la llegada del crimen organizado latinoamericano es una preocupación mayor, sin embargo, esta nueva delincuencia común no puede hacerse a un lado, pues, podría terminar integrándose a esa criminalidad generando un espiral de violencia que de no hacerse cargo a tiempo erosionaría de manera importante los cimientos de la democracia en Chile.
Pilar Lizana
Investigadora AthenaLab
Fuente: El Líbero
